Peravia, R.D.-Hace exactamente diez meses, la República Dominicana vivió una de sus peores tragedias civiles en décadas: el colapso del techo de la discoteca Jet Set, un lugar emblemático del entretenimiento nocturno, que se vino abajo durante un concierto la madrugada del 8 de abril de 2025, dejando 236 muertos y más de 180 heridos.
Esa noche, cientos de personas habían acudido a disfrutar la música en vivo. Entre las víctimas estaban figuras conocidas, como el merenguero Rubby Pérez, y también ciudadanos de diferentes provincias, incluidos banilejos que habían viajado para el evento.
El colapso no solo truncó vidas, también destruyó familias enteras: decenas de niños quedaron sin uno o ambos padres, hogares quedaron en luto permanente, y comunidades enteras tuvieron que enfrentar la ausencia y el dolor sin consuelo. Los sobrevivientes y amigos de las víctimas han hablado abiertamente del duelo profundo, de cómo “el dolor no se va jamás” y de la frustración por la lentitud con la que avanza la justicia.
Desde los primeros días tras el desastre, emergieron versiones de que empleados y trabajadores del Jet Set habían advertido sobre problemas estructurales en la discoteca antes del colapso. Testimonios no oficiales sugieren que filtraciones, grietas y fallas ya se notaban en la estructura, y que incluso hubo personas que intentaron alertar a los dueños o supervisores sin que se tomaran medidas efectivas.
La Fiscalía ha incluido en su investigación mensajes de un empleado que alertó al menos a uno de los propietarios sobre el riesgo, lo que podría constituir un elemento clave en la acusación de negligencia grave.
Aunque al principio parecía que el caso tomaría un rumbo rápido, el proceso ha avanzado lentamente y aún no hay una sentencia firme.
En junio de 2025, los dueños del local, Antonio y Maribel Espaillat, fueron arrestados y acusados de homicidio involuntario y otros cargos relacionados con la negligencia que derivó en la tragedia. Sin embargo, un tribunal les permitió enfrentar el proceso en libertad tras pagar fianzas millonarias, con medidas como impedimento de salida del país y presentación periódica ante las autoridades.
El Ministerio Público apeló esas medidas, calificándolas como “una burla para las víctimas” y buscando que se revoquen y se ordene detención preventiva de los acusados ante el riesgo de que puedan influir o intimidar testigos.
En noviembre de 2025, el Ministerio Público formalizó una acusación y solicitó apertura a juicio contra los hermanos Espaillat por homicidio involuntario y otros delitos tipificados en el Código Penal dominicano, intentando que este caso derive en una condena que siente un precedente sobre responsabilidad en tragedias por negligencia estructural.
A pesar de ello, el proceso sigue en fase de instrucción y aún no hay juicio con veredicto, lo que mantiene en incertidumbre a las miles de personas afectadas directa e indirectamente por la tragedia.
La familia Espaillat ha dicho públicamente que ha compensado a alrededor del 70 % de las víctimas o sus familias mediante su fundación, aunque esto ha sido visto por muchos como insuficiente frente a la magnitud del sufrimiento y sin que exista aún una resolución judicial que determine responsabilidades definitivas.
Además de la acción penal, decenas de demandas civiles han sido presentadas por familias de las víctimas, buscando reparación económica y justicia moral.
Mientras tanto, las ruinas del Jet Set se mantienen como un símbolo del dolor y la frustración de miles de dominicanos que todavía no encuentran respuestas completas ni celebran una justicia tangible.
A diez meses de la tragedia, el país sigue pendiente de que la justicia avance y se defina si quienes fueron señalados como responsables enfrentarán, de verdad, la condena que muchos claman.
