𝐏𝐞𝐫𝐚𝐯𝐢𝐚, 𝐑.𝐃.-
𝐋𝐚 𝐑𝐞𝐩𝐮́𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚 𝐃𝐨𝐦𝐢𝐧𝐢𝐜𝐚𝐧𝐚 𝐯𝐨𝐥𝐯𝐢𝐨́ 𝐚 𝐞𝐱𝐩𝐞𝐫𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐥𝐮𝐧𝐞𝐬 𝟐𝟑 𝐝𝐞 𝐟𝐞𝐛𝐫𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔 𝐮𝐧 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐨 𝐛𝐥𝐚𝐜𝐤𝐨𝐮𝐭 𝐪𝐮𝐞 𝐚𝐟𝐞𝐜𝐭𝐨́ 𝐚𝐦𝐩𝐥𝐢𝐚𝐬 𝐳𝐨𝐧𝐚𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐚𝐢́𝐬 𝐲 𝐫𝐞𝐚𝐯𝐢𝐯𝐨́ 𝐥𝐚𝐬 𝐝𝐮𝐝𝐚𝐬 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐞𝐬𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞𝐥 𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦𝐚 𝐞𝐥𝐞́𝐜𝐭𝐫𝐢𝐜𝐨 𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥.
El evento ocurre apenas tres meses después del apagón general del 11 de noviembre de 2025, lo que refuerza la percepción de que persisten vulnerabilidades estructurales que no han sido corregidas de fondo.
Según los reportes oficiales, el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) comenzó a presentar una caída progresiva en horas de la mañana hasta producirse un colapso casi total cerca del mediodía. Más de 2,500 megavatios salieron de generación, provocando interrupciones que impactaron el transporte, comercios y servicios públicos. El Metro de Santo Domingo, por ejemplo, tuvo que suspender temporalmente sus operaciones, mientras en distintas ciudades se reportaron fallas de semáforos y trastornos en la actividad productiva.
Las autoridades atribuyeron la situación a una “falla mayor” en el sistema y activaron los protocolos de recuperación. Sin embargo, la reposición del servicio no fue inmediata ni uniforme. Durante la tarde se informó que solo una parte del sistema había sido recuperada y que la normalización se realizaría de manera gradual por circuitos. Hasta la noche del lunes no se comunicó una hora única oficial de restablecimiento total a nivel nacional; la recuperación fue progresiva y se extendió durante horas nocturnas.
Lo más preocupante es que este no es un hecho aislado. El país ya había sufrido un apagón nacional el 11 de noviembre de 2025, cuando una avería en una subestación de transmisión provocó la salida simultánea de varias plantas y desencadenó un efecto en cascada que dejó sin energía a todo el territorio. Aquel evento también paralizó el Metro, el teleférico y el tránsito en el Gran Santo Domingo.
Que dos fallas de gran magnitud ocurran en menos de cuatro meses debería encender todas las alarmas. La repetición sugiere que el sistema interconectado sigue siendo altamente vulnerable a eventos críticos y que las redundancias existentes no son suficientes para evitar colapsos en cadena. En un país que apuesta al crecimiento económico y a la atracción de inversiones, la estabilidad eléctrica es un pilar básico, no un objetivo secundario.
Cada blackout tiene un costo real: pérdidas para comercios e industrias, interrupciones en servicios esenciales, daños a equipos y un aumento de la incertidumbre ciudadana. Sin embargo, la respuesta oficial continúa siendo mayormente reactiva, centrada en explicar la falla después de ocurrida, más que en presentar públicamente un plan robusto de prevención.
Aunque en los últimos años se ha ampliado la capacidad de generación, el propio sector eléctrico reconoce que persisten debilidades en transmisión y distribución, así como pérdidas elevadas en las redes. Estos factores siguen presionando la calidad y confiabilidad del servicio.
El nuevo apagón debería servir como punto de inflexión. La población necesita más que explicaciones técnicas tras cada evento: requiere transparencia, inversión focalizada y un plan claro de fortalecimiento del sistema eléctrico. De lo contrario, la República Dominicana corre el riesgo de normalizar lo que debería ser inaceptable: que, cuando más se necesita la energía, el país vuelva a quedarse a oscuras.
